La Contraloría General de la República determinó hallazgos con presunta incidencia fiscal de mayor cuantía (por 25.296 millones de pesos), correspondiente al contrato para la construcción del nuevo Puente Pumarejo, en Barranquilla.

Según la Contraloría, este presunto detrimento patrimonial se genera por deficiencias en la gestión para garantizar el funcionamiento permanente de los sistemas de iluminación e instrumentación de esta estructura, puesta en funcionamiento desde diciembre del año 2019.

Con relación a las obras ejecutadas en virtud del Contrato 642 de 2015, el equipo auditor evidenció que el Invías no ha ejercido eficazmente la función de adecuada salvaguarda de los activos derivados de las obras construidas, por el hurto continuado y el vandalismo sobre los elementos del puente, sin realizar eficaz y oportunamente las gestiones tendientes a mitigar estas no conformidades, siendo que eran y son bien conocidas, desde el propio inicio de la construcción de las obras,  las dificultades y condiciones de inseguridad del sector donde está ubicado este puente.

De igual manera, se evidenciaron deficiencias de calidad en algunos elementos de las estructuras entregadas del puente, producto de falencias en el proceso constructivo y en la supervisión.

A la fecha de terminación de la Auditoría de Cumplimiento (noviembre de 2021), “el puente se encontraba sin iluminación y sin el funcionamiento de su sistema de instrumentación, pese a las cuantiosas inversiones realizadas para tal fin”.

Lo anterior significa que aunque existen todavía elementos pertenecientes a los sistemas de iluminación e instrumentación del puente, dichos sistemas no están funcionando ni cumpliendo la utilidad esperada ni tampoco están prestando los servicios especificados, generando con ello problemas de seguridad vial y peatonal (en relación a la falta de iluminación en la estructura) e incertidumbre acerca del comportamiento estructural del puente (por la falta de instrumentación del mismo, requerimiento éste que proviene de las recomendaciones del diseñador). 

Ante esta situación, se elevó como presunto daño patrimonial el valor total pagado al contratista de obra por los sistemas de iluminación e instrumentación, dado que no estaban en funcionamiento a la fecha de la Auditoría de Cumplimiento y, por tanto, no estaban prestando los servicios de seguridad y monitoreo previstos en los diseños del puente y pagados en desarrollo del contrato de obra.

Se ha generado una gestión antieconómica e ineficaz

La Contraloría considera que, en este caso, se ha generado una gestión antieconómica e ineficaz del recurso, lo cual ha conllevado a la no utilización, tanto de la iluminación en el puente como de la instrumentación del mismo, con la consiguiente pérdida y deterioro de las inversiones realizadas.

Esto, además, genera la necesidad de tener que realizar nuevamente inversiones para colocar en funcionamiento la iluminación de la estructura.

Se constituye así un presunto detrimento patrimonial por el valor de las inversiones realizadas en estos ítems, cuyo valor es de 25.296´424.601 pesos (hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y posible connotación disciplinaria).

Indagación preliminar por corrosión en barandas del puente

En la auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, se determinó igualmente un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y apertura de indagación preliminar, al evidenciarse corrosión prematura en las barandas del nuevo puente.

El equipo auditor consideró que tal situación podría ser producto de una deficiente decisión técnica adoptada por el contratista de obra y aprobada por el interventor, en lo relativo al tipo y especificación del material (acero) utilizado para este propósito, que no tuvo en cuenta las agresivas condiciones ambientales particulares (vientos, salinidad, etc.) de la zona donde se encuentra ubicado este puente. Y también, a la instalación de espesores de pintura menores a los recomendados y especificados. 

Estos hechos son los que también han ocasionado la recomendación de realizar una indagación preliminar, a efectos de poder establecer un presunto daño fiscal, estimar su valor y determinar presuntos responsables.